En la historia política de República Dominicana existe un precedente ético que, por su excepcionalidad, ha trascendido generaciones. En 1963, el presidente Juan Bosch destituyó y remitió a la justicia a un funcionario de su propio gobierno por mala conducta, dejando una lección clara y contundente: el poder no puede ni debe colocarse por encima de la ley. Aquel gesto, más que una decisión administrativa, constituyó una afirmación moral del Estado de derecho en un país entonces marcado por profundas debilidades institucionales.
Más de sesenta años después, República Dominicana presencia un hecho de la misma naturaleza, pero de mucha mayor densidad histórica aún. El presidente Luis Abinader ordena y manda acompañar el sometimiento a la justicia del caso del Servicio Nacional de Salud -SENASA-, aun cuando los hechos imputados por el Ministerio Público, que tocan fibras particularmente sensibles de la vida nacional: la salud, los recursos públicos y la confianza ciudadana, involucran una institución clave de su propio gobierno.
Los hechos denunciados son graves y, de comprobarse, moralmente repudiables. Se trata de recursos destinados a proteger la vida y el bienestar de la gente, desviados —según la acusación— de su razón de ser. Frente a ello no caben ambigüedades ni relativismos: corresponde una condena política, ética y moral sin reservas. Una sociedad que aspira a vivir mejor no puede normalizar la corrupción, y menos aun cuando esta se produce en ámbitos llamados a cuidar a los más vulnerables.
Sin embargo, sería un error histórico limitar la lectura de este episodio únicamente a la indignación —legítima por demás— que provocan los hechos imputados. Hay un plano más profundo que merece ser subrayado: la judicialización del caso SENASA, impulsada sin interferencias desde el propio gobierno, constituye un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad histórica en República Dominicana.
Por primera vez en décadas, la justicia actúa sin pedir permiso al poder político. El Ministerio Público investiga y acusa con autonomía; los tribunales están llamados a juzgar conforme a derecho; y el Poder Ejecutivo se abstiene de proteger, encubrir o instrumentalizar. Esa separación real de funciones no es retórica ni discurso: es práctica institucional verificable. Y en esa práctica se juega, en buena medida, la credibilidad de la democracia.
En tiempos de profunda desconfianza ciudadana, estos actos recuerdan una verdad esencial: la democracia se honra cuando nadie está por encima de la justicia, ni aliados, ni funcionarios, ni instituciones estratégicas. Gobernar no es blindar a los propios; gobernar es garantizar que la ley se imponga, incluso cuando incomoda, duele o tiene costos políticos inmediatos.
Este proceder del presidente Abinader asesta un golpe directo a la arraigada cultura de impunidad que durante años erosionó la fe pública, debilitó el Estado y degradó la política. Lejos de debilitar al gobierno, lo que hace es fortalecer a la nación. Porque cuando la justicia actúa con independencia y firmeza, gana el país, se robustece la democracia y se dignifica el ejercicio del poder.
La historia suele ser severa con quienes usan el poder para proteger culpables; pero también sabe reconocer a quienes, en momentos decisivos, optan por el camino correcto. El caso SENASA, más allá de su desenlace judicial, quedará inscrito como una señal clara de que República Dominicana puede —y debe— transitar hacia un Estado donde la ley no sea un discurso, sino una práctica efectiva.
Y ese, sin duda, es un paso que merece ser registrado, valorado y defendido como parte del legado del presidente Luis Abinader.
El autor es maestro, consultor, autor, activista social y político dominicano.
